Política de residuos en la Unión Europea.

La política de residuos en la Unión Europea ha evolucionado desde las actuaciones concretas a adquirir una dimensión global, por lo que –además de incorporar nuevos objetivos- algunas de las medidas anteriormente adoptadas están teniendo que ser sometidas a ajustes y redefiniciones. Las consecuencias son importantes, y responden, sin duda, a la nueva conciencia social del ambiente, de la que el Parlamento europeo se ha configurado tanto en portavoz como en motor, defendiendo una Política de Productos Integrada (IPP), en la que las actuaciones a corto plazo se integren obligatoriamente en un modelo de gestión a largo plazo.

En los aspectos económicos, la internalización de todos los costes ambientales en los procesos productivos, debe traducirse en un nuevo modelo de industrialización. Las propuestas puntuales como la ecoetiqueta europea (marca de calidad ambiental), los compromisos de que las adquisiciones públicas primen a las empresas más involucradas en la defensa ambiental, o el apoyo a la investigación de la biodegrabilidad de los productos, son parte de un enfoque más general. Se pretende controlar la vida completa de cada material contaminante, definiendo su trazabilidad de manera directa, independientemente del bien de consumo en el que se encuentren. Esta nueva dimensión obligará a revisar el mérito relativo de las actuaciones ambientales, de la misma manera en que lo fue la inicial integración de la incineración entre las medidas de valorización de residuos

En los aspectos cuantitativos, reducir la cantidad de residuos que se llevan a vertedero, supone potenciar su reutilización, controlar la producción de desechables finales y su degradabilidad. La visión global deberá favorecer el desarrollo y la comercialización de las tecnologías de aplicación medioambiental, bien por la reducción de materiales contaminantes, del consumo de materias primas de valor ecológico o el aprovechamiento mejora de la energía y el control de sus orígenes. Las fronteras delicadas de la ecotecnología exigen también una definición de las operaciones de fabricación que merecen este apelativo, tal como se hizo con la revisión de los términos de reciclados mecánico, químico y hasta del concepto de materias primas.

Quizá la sorpresa mayor en este contexto revisionista es que el mismo concepto de vertedero controlado de residuos ha quedado en entredicho. No se trata únicamente de clausurar los viejos vertederos que no incumplen la actual normativa y que afecta a centenares de los vertederos municipales españoles. Sucede que el mejor conocimiento del proceso de degeneración de las materias ha permitido reconocer que, aún cumpliendo la Normativa, los vertederos controlados actuales suponen, en realidad, la creación de suelos contaminados. Se exige la monitorización de los vertederos sostenibles hasta 30 años después de la clausura, pero algunos contaminantes (como el amoniaco) pueden mantenerse por encima de los umbrales admisibles durante varios siglos.

La investigación de las causas de los vertidos ilegales de empresas y particulares se añade a los problemas que presentan los residuos de construcción, demolición y la gestión de los desechos de la industria extractiva. El Reino Unido ha promulgado una Ley de comportamiento Antisocial (en vigor desde marzo de 2004) que puede servir de modelo genérico. La directiva sobre responsabilidad medioambiental, por la que las empresas deberán pagar los daños ecológicos derivados de su actividad es un aspecto más del problema y su aplicación desarrollará sin duda la gama de seguros ambientales, hoy solo necesarios para los gestores de residuos.

Son varios, en suma, los aspectos que se están sometiendo a revisión, y la demanda de mayor concienciación ciudadana debe ir paralela a la incorporación de los nuevos desarrollos tecnológicos y a la equitativa distribución de las cargas ambientales. No basta con que algunos ciudadanos comprometidos estén dispuestos a pagar más por productos con etiqueta ambiental, sino que todas las actuaciones han de ser coherentes y rápidas. De poco valdría focalizar las actuaciones hacia sectores en donde las actuaciones son más sencillas, dejando otros intocados, sencillamente porque la resistencia de los agentes implicados o la complejidad de las medidas a adoptar fuera superior. En el Parlamento y en la Comisión de la Unión Europea, por supuesto, lo saben.

(Esta reflexión ha sido publicada en un Editorial de la revista Tecnoambiente, del que es autor Angel Arias, Dr. Ingeniero de Minas y abogado).